Venezuela vive hoy una crisis social que se traduce en una creciente pobreza extrema de
la población venezolana; una crisis económica, que acérela la hiperinflación y escases de
dinero; una crisis Institucional, que profundiza el desconocimiento internacional ante una
elección Presidencial extemporánea e irregular.
Lo antes expuesto, hace inviable el inicio de un proceso de reconstrucción de la actividad
productiva, indispensable para la recuperación de los sectores social, económico y
político, que demanda la sociedad venezolana.
En este escenario, observamos la falta de voluntad del gobierno, para buscar soluciones al
colapso que vive Venezuela, cuando estimula y profundiza las agresiones a la escasa
actividad que aún queda en el país, cuando permite acciones inconstitucionales contra la
propiedad privada en el campo, y cuando propicia y avala invasiones de predios
agropecuarios en plena producción, con el único fin, de hacer proselitismo político.
Todo esto solo contribuye al deterioro de la actividad agropecuaria particular y empresarial
en general, y aleja aún más, la posibilidad de recuperar la seguridad alimentaria que
constituye un derecho constitucional de todos los venezolanos.
La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA), rechaza
categóricamente las agresiones, invasiones y ejecuciones que se han venido desarrollando
con participación de autoridades regionales y permisibilidad del ejecutivo nacional en
Barinas, Guárico, Portuguesa, Táchira y recientemente en Lara.
Asimismo, exige que se rectifique esta línea de acción del Gobierno Nacional y se respete
el derecho a la propiedad, contemplado en nuestra constitución, y que hoy está
siendo violentado a los productores del campo, que solo pretenden trabajar la tierra para
recuperar el abastecimiento alimentario, que tanto demanda la población.
Igualmente, rechaza el cobro de un impuesto con el que se ha bajado el 10% de los
animales de las unidades de transporte en estados como Barinas y Apure, y además se ha
procedido a la ilegal sustracción de productos agrícolas que tienen como destino final los
centros de consumo. Para las mencionadas acciones, autoridades locales se amparan en
resoluciones que se encuentran fuera del marco constitucional vigente.

Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a mantenerse vigilantes de estos
hechos que trastocan los derechos a la vida, derecho a la propiedad privada, a la libre
empresa y la inconstitucional acción de colocar impuestos a la producción primaria.
Por otro lado, el gremio lamenta y repudia, un suceso sin precedentes en la historia
contemporánea de Venezuela; nos referimos al asesinato del productor agropecuario
Carlos Manuel Tarazona, cometido por cuerpos policiales, a las puertas de su matadero en
Baritalia, Municipio Junín del Estado Táchira. En este sentido, reiteramos que la vida es un
derecho humano fundamental y exigimos una investigación imparcial sobre tan vil acción.
Solicitamos a la Asamblea Nacional la designación de Comisiones que investiguen los
hechos que presentamos a fin de determinar las responsabilidades a qué hubiere lugar y
el restablecimiento del estado de derecho.
Por lo antes expuesto, hacemos un llamado a los productores de todo el país, a cerrar filas
constitucionalmente, para defender y exigir nuestro derecho a trabajar y vivir dignamente
de nuestro esfuerzo, y al mismo tiempo, lograr el bienestar y crecimiento sustentable de
nuestra sociedad.
Reiteramos que en el campo y con el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, esta la
única solución, para garantizar la seguridad alimentaria del venezolano.

¡HOY MÁS QUE NUNCA EL CAMPO ES LA SOLUCIÓN!