EL UNIVERSAL

Caracas, jueves 2 de marzo de 2017 | Opinión

PEDRO E. PIÑATE B.

Sobre los altos funcionarios que decidieron arbitrariamente acabar, acabaron y siguen acabando con el cultivo de caña de azúcar en los Valles de Aragua y Carabobo, en el Valle del Turbio en Lara, en el estado Yaracuy, en el Zulia, en Sucre, y en otro estados y áreas del país, no hay duda tendrán que enfrentar la justicia. Entre las oscuras razones se encuentran los negociados de los viejos destartalados centrales cubanos comprados y pagados como nuevos para ser reinstalados en Venezuela sin que a la fecha ninguno opere mientras los responsables de tal corrupción siguen impunes. También el negociado de créditos en bolívares desde la banca estatal, licencias y dólares de Cadivi y Cencoex, junto a la sobrefacturación, que ha amparado y sigue amparando enormes ganancias a los privilegiados beneficiarios importadores del ramo incluyendo la triangulación con Cuba desde los países proveedores.

Los daños causados no son solo contra los propietarios afectados y a los consumidores que somos todos, sino a la economía y ambiente de las regiones. El país hoy desabastecido de azúcar, en volumen cercano al millón de toneladas anuales de déficit, se encuentra además escaso de divisas para su importación. De hecho hoy no se importa suficiente ni oportunamente. Como resultado de la falta de oferta y el mercado negro, los venezolanos estamos forzados a reducir su consumo con las consecuencias nutricionales y de salud que resultan.

Mientras las otrora tierras donde florecían los productivos cañaverales privados, ahora en manos del Estado no producen nada sino pérdidas. Además de estar siendo invadidas, dispuestas paras otros usos no agrícolas, para colmo se someten al más absurdo e inútil laboreo sin siembra ni cosecha alternativa alguna. Con ello la erosión del viento y del agua hace de las suyas con daño obvio a los suelos sin que el gasto oficial en esta supuestas operaciones agrícolas tenga ninguna justificación. Por todo esto tiene que llegar muy pronto el día de que todos los responsables enfrenten la justicia, y el Estado regrese, compense o reprivatice las tierras de cañaverales despojados, para ponerlas de nuevo a producir y así reducir el déficit de la producción azucarera nacional. Ciertamente el país sin azúcar clama también por justicia.

Ref. Pedro E. Piñate B. El país sin azúcar. EL UNIVERSAL. Caracas, jueves 2 de marzo de 2017. Opinión

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